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Tres años de libertad condicional a Alejandro Gutiérrez


La sentencia no causará efecto hasta que se resuelvan amparos en instancias federales

Tres años de libertad condicional a Alejandro Gutiérrez


Tomado de Zócalo
Redacción
14 de mayo de 2019

Chihuahua, Chi.- El exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, declarado culpable en Chihuahua por el delito de peculado, recibió el lunes una pena mínima de 3 años de prisión en libertad condicional porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no brindó elementos de prueba con estándares estrictos y no se logró acreditar la penalidad agravada.

El Tribunal de Enjuiciamiento que lleva la causa penal contra Alejandro Gutiérrez desechó la solicitud de la Fiscalía de Chihuahua para imponer una sentencia de 9 años de prisión, por no acreditarse la pena agravada, debido a que faltó solidez en las pruebas.

Ayer el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, declarado culpable en Chihuahua por el delito de peculado, recibió una pena mínima de 3 años de prisión en libertad condicional porque la Fiscalía no brindó elementos de prueba.

El saltillense recibió sentencia por el delito de peculado en modo de coautor. A la sentencia se le descontarán 8 meses y 25 días que Alejandro Gutiérrez ya estuvo preso en el Cereso de Aquiles Serdán, Chihuahua, por una medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso el año pasado.

Alejandro Gutiérrez cumplirá el resto del tiempo de su sentencia en libertad condicional y solo deberá pagar una multa de 35 mil pesos, sin que deba pagar reparación del daño porque los 1.7 millones de pesos presuntamente desviados durante el Gobierno de César Duarte ya fueron regresados.

Los abogados de Gutiérrez anunciaron que apelarán la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, interpondrán un amparo y resolverán el juicio en instancias federales, por lo que la sentencia no causará efecto hasta que se resuelvan dichos recursos legales.

ARISTEGUI NOTICIAS

Condenan a Alejandro Gutiérrez a 3 años de prisión, pero no regresará a la cárcel

Una jueza otorgó libertad condicionada, pese a que la Fiscalía de Chihuahua pedía pena máxima para el inculpado en la Operación Safiro, que desvió fondos al PRI.

Juan Omar Fierro

Un tribunal de enjuiciamiento condenó a tres años de prisión al ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de peculado agravado por un monto de un millón 740 mil pesos, recursos que fueron desviados del Gobierno de Chihuahua.

A pesar de la sentencia, el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando el sonorense fungió como líder nacional del PRI no volverá a la cárcel, ya que el fallo le concedió a Gutiérrez la libertad condicionada y le descontó de la pena de prisión los ocho meses que el ex funcionario priista estuvo privado de su libertad en el penal estatal de Aquiles Serdán, ubicado en las inmediaciones de Chihuahua, Chihuahua.

La jueza Gabriela Córdova explicó que la condena impuesta incluye el pago de una multa por 35 mil pesos, así como el pago de la reparación por el monto que desvió entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015, simulando obras y servicios a través de dos empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.

Tras el fallo, la Fiscalía General de Chihuahua y el gobierno estatal, éste a través de su Consejería Jurídica, anunciaron que van a apelar para tratar de incrementar la pena de prisión impuesta, mientras que la defensa presentará su propia apelación para intentar revertir el fallo condenatorio y la pena privativa de libertad.

Logra defensa de Gutiérrez la pena más baja

Durante la audiencia, la Fiscalía General de Chihuahua había solicitado al tribunal de enjuiciamiento una pena de prisión de hasta nueve años de cárcel contra Gutiérrez Gutiérrez, pero la impartidora de justicia consideró que la pena máxima era excesiva, por lo que optó por imponer la sanción más baja que contemplan las leyes penales.

También le fue negada a la fiscalía chihuahuense una petición para que Gutiérrez Gutiérrez fuera inhabilitado para ocupar o ejercer cualquier cargo público, derivado de que al momento de los hechos era funcionario partidista y no servidor público.

Sin embargo, la defensa del priista tampoco obtuvo todo lo que solicitaba, puesto que el tribunal de enjuiciamiento resolvió que el priista debe garantizar la reparación del daño, es decir, que debe garantizar el pago de los 1.7 millones de pesos que, según el fallo condenatorio, desvió del erario hacia sus cuentas bancarias personales.

La defensa argumentó que ese dinero ya se había reintegrado a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, e incluso, durante las dos últimas audiencias del juicio, presentó comprobantes de depósito como prueba superveniente de que el dinero desviado de forma ilegal ya se había pagado.

Una vez más, la petición de la defensa fue desestimada, puesto que el Gobierno de Chihuahua jamás reconoció el depósito de los recursos que las empresas Jet Combustibles, de la que Alejandro Gutiérrez es accionista mayoritario, y Promotora de Señalamiento Integral, en la que su hijo funge como apoderado legal, recibieron por contratos y obras simuladas.

Tras el fallo condenatorio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha señalado que el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez forma parte de la llamada Operación Safiro o Saneamiento Financiero, que sirvió para desviar recursos públicos hacia las campañas electorales del PRI.



La presunta triangulación de recursos se hacía de dos formas, una era simular obra pública a través de empresas ligadas a servidores públicos o a funcionarios partidistas, esquema en el que se ubican los dos procesos penales que existen contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno federal por peculado por 250 millones de pesos y otro por el desvío – ya acreditado y sancionado con los 3 años de prisión- por el peculado agravado de un millón 740 mil pesos.

La otra forma de desviar recursos era la entrega contratos a empresas “fantasma”, mecanismo que los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron para el presunto desvío de casi 650 millones de pesos en siete entidades federativas, dinero que supuestamente se sustrajo de cinco gobiernos estatales (Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México), pero también del Congreso de Morelos y de la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, todos bajo el dominio del PRI.



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