shopify analytics


                                   
E-Mail: monitorguaymas@prodigy.net.mx         Color   

Banner

Presidencia de Peña Nieto usó la “seguridad nacional” para desviar recursos



Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


Tomado de Contralínea
Miguel Badillo
22 de septiembre de 2019

En el sexenio de Peña Nieto, la Presidencia de la República se “amparó” en el concepto de “seguridad nacional” para contratar productos y servicios sin licitación de por medio, por miles de millones de pesos. El gobierno de López Obrador ha dado cuenta de una de esas abusivas compras: los onerosos insumos del avión presidencia

Segunda parte

El abuso del gasto público en el sexenio anterior empezaba en la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, como lo demostró el pasado 6 de septiembre en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a las abusivas y descontroladas compras de productos y utensilios (rastrillos, gel, papel de baño y otros productos) para el aseso personal en el lujoso avión presidencial.

Ante los excesos y dispendios de ese gasto público, el mandatario dijo que no era otra cosa más que corrupción: “Se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto sí lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. Entonces, no tenían la obligación de presentar información, pruebas nada más en lo interno, y dar cifras generales. Eso se terminó. Ya no hay ‘partida secreta’ en nada. Por eso es este cambio, esta lucha para acabar con la corrupción arriba y abajo. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo y se tienen que ir acostumbrando”.

Así definió López Obrador el abuso de la supuesta “seguridad nacional”, que lo mismo se hacía en la Presidencia de la República como en la Secretaría de Gobernación en gobiernos priístas y panistas, como se comprueba en la primera parte de este reportaje [https://bit.ly/2kkzmWO ]. En esa institución se realizaban compras indiscriminadas a sobreprecios y en volúmenes incomprensibles, en colusión con empresas privadas que pagaban sobornos o compensaciones a cambio de que les asignaran los contratos por cientos y miles de millones de pesos sin licitar. Un “negocio redondo” para particulares y funcionarios.

Este mismo esquema de corrupción y abuso de poder en el gobierno anterior es el que investigó Contralínea y obtuvo pruebas de cientos de contratos irregulares donde se dispuso de dinero público para cometer excesos en nombre de la “seguridad nacional”, lo que les permitía a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, elegir a su antojo a empresas privadas de manera directa (sin licitar) y, al mismo tiempo, evitar informar a la población de esas compras dispendiosas y evadir la vigilancia y auditoría de los órganos de control del Congreso y de la Función Pública.

En los 6 años del gobierno priísta de Peña Nieto se abusó del concepto de “seguridad nacional” tanto en Presidencia como en Gobernación, para asignar a empresarios cientos de contratos por miles de millones de pesos sin cumplir normas, reglamentos y leyes en la materia, pero, sobre todo, impedir ser vigilados para vulnerar la transparencia y la honestidad con las que deben actuar los servidores públicos.

Contralínea consiguió documentos oficiales reservados sobre cientos de contratos operados por funcionarios de Gobernación bajo un esquema de clasificar cualquier contrato de bienes y servicios como un asunto de “seguridad nacional”, lo que les permitía ignorar a los órganos de vigilancia y control, así como designar directamente a las empresas previa negociación con sus dueños, lo que permitía sobreprecios en productos y posibles pagos de comisiones y sobornos.

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


En esta segunda entrega se abordan tan sólo 22 contratos asignados de esa manera, que dan cuenta del modus operandi de la Segob. Las empresas beneficiadas con contratos directos por 544.1 millones de pesos son: Termo Control de Aire Acondicionado, SA de CV, representada por Jorge Yúdico Romo; Edificaciones y Desarrollos Arquitectónicos, SA de CV, representada por Juan Martínez Aparicio; Ingeniería en Elevadores, SA de CV, representada por José Ramón Vázquez Flores; King Mar Mexicana, SA de CV, representada por Martha Alicia Reyes; Jet Van Car Rental, SA de CV, representada Cuauhtémoc Velázquez García; Casa Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime; Efectivale, S de RL de CV, representada por María Guadalupe Rojas García; Viajes Premier, SA, representada Junior Roberto Hernández Escamilla; Xa Services, SA de CV, representada por Francisco Xavier Alcocer Quijano; Riesco Operadora de Servicios, SA de CV, representada por Fausto Rodas Ruiz; Agel Ingeniería, SA de CV, representada por Gu

illermo Licea Reyes; Ke Fibertec, SA de CV, representada por Eric Federico de Jesús Hernández Desentis; Wood´s Muebles para Oficina, SA, representada por Sergio Cervantes Chávez; la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer; y una persona física, Marco Antonio Sandoval Rodríguez. Los servicios contratos por “seguridad nacional” fueron: mantenimiento de aire acondicionado, jardinería, instalaciones eléctricas, mantenimiento de elevadores, fumigación, mantenimiento parque vehicular, alimentos, plataforma electrónica, boletos de avión, plataforma contra desastres, mantenimiento equipo de oficina, realización de un foro, muebles para oficinas y servicio de ayuda a la mujer.

En esta segunda lista se incluyen 22 contratos protegidos y reservados por la Secretaría de Gobernación en el sexenio anterior, de los cuales destaca uno por 235 millones de pesos, que representa el 43 por ciento del monto total y que fue otorgado bajo el número de contrato SG/CPS/53/2017, a la empresa privada Xa Services, SA de CV. Se trata de un “servicio integral de plataforma global para la reducción del riesgo de desastres en Cancún, Quintana Roo 2017”.

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


Estos 22 contratos entregados bajo el concepto de “seguridad nacional” son:

Contrato SG/CPS/04/2018, por un monto de 15 millones de pesos. El área contratante es la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación (DGRMySG), la cual asignó de manera directa el contrato a la empresa Termo Control de Aire Acondicionado, SA de CV.

El servicio contratado en 2018, fue administrado por el director general adjunto de Obras y Mantenimiento, arquitecto Carlos Gómez Pedraza, y consiste en el “mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones y equipos de aire acondicionado, extracción, refrigeración y bombas de calor de la Segob”.

De acuerdo con la investigación, “no se justifica el haberse contratado de conformidad a lo establecido por la fracción IV del artículo 41 (seguridad nacional) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y en todo caso debió fundarse en la fracción III (costo-beneficio). No se cuenta con el escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/05/2018, por 17 millones de pesos. El área contratante es la DGRMySG y fue otorgado a la compañía Edificaciones y Desarrollos Arquitectónicos, representada por C Juan Martínez Aparicio, y por parte de Gobernación, el administrador del contrato fue el arquitecto Carlos Gómez Pedraza.

La asignación directa del contrato bajo el concepto de seguridad nacional “es injustificable”, señalan las autoridades, pues se trata de “mantenimiento a las instalaciones eléctricas e iluminación”, por lo que debió licitarse para reducir el gasto y evitar hechos de corrupción. Además, no existe algún escrito que lo justifique.

Contrato SG/CPS/06/2018, por 7 millones de pesos. La contratante es la DGRMySG y el proveedor es Marco Antonio Sandoval Rodríguez. El administrador del contrato por Gobernación es el arquitecto Carlos Gómez Pedraza.

Aunque se utilizó la figura de seguridad nacional para entregar el contrato sin licitación, éste fue para “mantener en óptimas condiciones las áreas verdes, jardines, jardineras y plantas ornamentales de inmuebles de la Segob en la zona metropolitana”. De acuerdo con la información oficial no se justifica haberlo hecho de conformidad a los establecido por la fracción IV del artículo 41 (seguridad nacional).

Contrato SG/CPS/07/2018, por 3.3 millones de pesos. El área contratante DGRMySG lo asignó directamente a la compañía Ingeniería en Elevadores, representada por José Ramón Vázquez Flores, y el administrador del contrato es el arquitecto Carlos Gómez Pedraza.

El servicio contratado es para el “mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores y montacargas de la Segob”, por lo cual no se justifica haberlo hecho bajo el concepto de seguridad nacional. Tampoco cuenta con escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/12/2018, por 1.8 millones de pesos. El área contratante fue la DGRMySG y lo asignó directamente a la empresa King Mar Mexicana, representada por Martha Alicia Reyes, y administrado por el arquitecto Carlos Gómez Pedraza, director general adjunto de Obras y Mantenimiento.

El servicio de este contrato ejecutado el año pasado fue para fumigación y control de plagas y fauna nociva en inmuebles de Gobernación, por lo cual no se debió haber contratado por el concepto de seguridad nacional ni tampoco hay escrito que lo justifique.

Contrato SG/CPS/13/2018, por un monto de 6.6 millones de pesos. La DGRMySG contrató a la empresa Jet Van Car Rental, representada Cuauhtémoc Velázquez García, para proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular multimarca de Gobernación y para el Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie) con fundamento en la fracción IV del Artículo 41 de la LAASSP, relativo a la seguridad nacional.

Aunque este contrato cuenta con anexo técnico, no tiene el escrito de justificación, por lo que debió licitarse.



Contratos SG/CPS/15/2018 y SG/CPS/34/2018, por 20 millones de pesos. La DGRMySG asignó directamente el contrato a la empresa Casa Álvarez Gourmet, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, para el servicio de alimentos a empleados de Gobernación y personas externas autorizadas por el administrador Sergio Humberto Gerardo López, director general adjunto de Operaciones y Servicios.

De acuerdo con las auditorías realizadas “no se justifica el haberse contratado de conformidad a lo establecido por la fracción IV del Artículo 41 (seguridad nacional). Tampoco hay escrito que lo justifique.

Contratos SG/CPS/37/2018 y SG/CPS/38/2018, por 14.4 y 2.5 millones de pesos, respectivamente. La DGRMySG contrató directamente a la empresa Efectivale, representada por María Guadalupe Rojas García, para el servicio proporcionado por un medio electrónico.

De acuerdo con el dictamen legal no se justifica haberse contratado bajo el concepto de seguridad nacional, además de que “el monto mínimo traspasa el monto máximo establecido, conforme a lo señalado con el oficio número DGRMSG/DGAAI/0067/2018”. Ambos contratos no cuentan con escrito justificatorio.

Contratos SG/CPS/40/2018 y SG/CPS/41/2018, por un monto de 64.1 millones de pesos. Empresa Viajes Premier, representada Junior Roberto Hernández Escamilla, fue beneficiada por la DGRMySG y el administrador del contrato, según los documentos oficiales en poder de Contralínea, fue el comandante Juan Cristóbal Orozco Priego, director de Seguridad y Protección Civil.

Los contratos asignados fueron para la “reservación, expedición, venta y entrega de boletos de pasajes de transportación aérea, nacional e internacional, necesarios para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficinales (sic); así como personas migrantes que por las funciones sustantivas se quieran; los sujetos a los que se les presta el servicio es amplio –incluye a migrantes–, pero debió licitarse o bien justificarse bajo el concepto de costo-beneficio fracción III”. Sin embargo, no existe el escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/05/2017, asignado por la DGRMySG también bajo el concepto de seguridad nacional, por un monto de 16 millones de pesos para la empresa Efectivale, representada por María Guadalupe Rojas García, y administrado por Paris Guillermo Quijano Hernández, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Informes confidenciales de la propia Secretaría de Gobernación indican que “pese a que es un contrato suscrito por el oficial mayor (Jorge Márquez) de la Segob, se opina no debió contratarse con base en el artículo 41 fracción IV (seguridad nacional), toda vez que es un servicio que presta mediante una plataforma electrónica. En el caso de los vales, éstos se pueden utilizar en cualquier establecimiento que acepte Carnet o dicho plástico”. En este contrato tampoco se cuenta con escrito que justifique la asignación directa por “seguridad nacional”.

Contrato SG/CPS/06/2017, por 3 millones, asignado por la DGRMySG a la empresa Efectivale para el uso de Cepropie. “No está justificado en virtud de que sólo indicaron: […] se adjudicó mediante procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en lo previsto en el Artículo 134 de la Constitución […] fracción III, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Se agrega que “no se indicó la fracción en que se contrató; siendo que en caso de que se haya fundado conforme a la fracción IV del artículo 41, no se justificaría, toda vez que es un servicio que se presta a través de una plataforma electrónica”. Aquí tampoco hay escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/43/2017, asignado por la DGRMySG a la empresa Casa Álvarez Gourmet, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, y administrado por Sergio Humberto Gerardo López, director general adjunto de Operaciones y Servicios.

El monto de este contrato fue por 13 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, comida, box lunch y coffe break a empleados de la Segob y el órgano administrativo desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de usuarios externos autorizados por parte del administrador”. Según Gobernación, “no justifica la fracción IV artículo 41 (seguridad nacional) y tampoco se cuenta con escrito de justificación”.

Contrato SG/CPS/52/2017, asignado por la DGRMySG a la empresa King Mar Mexicana, representada por Martha Alicia Reyes Arvizu, por un monto de 1.5 millones de pesos y administrado por el arquitecto Carlos Gómez Pedraza, director general adjunto de Obras y Mantenimiento.

Este servicio consiste en “fumigación y control integral de plagas y fauna nociva a inmuebles de la Segob, por tratarse de jardines que se encuentran en el interior de la Segob, se estima no justificado que se haya contratado conforme a la fracción IV, artículo 41”. No hay escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/53/2017, por 235 millones de pesos y asignado por la DGRMySG de Gobernación a la empresa privada Xa Services, representada por Francisco Xavier Alcocer Quijano, y administrado por el maestro Rogelio Rafael Conde García, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil.

Se trata de un servicio integral de plataforma global para la reducción del riesgo de desastres en Cancún, Quintana Roo 2017. Sostiene Gobernación que “no se justifica, es cuestionable la aplicación del artículo 41, fracción IV, porque el monto máximo es de 200 millones de pesos”. Tampoco hay escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/66/2017, asignado por la DGRMySG a Marco Antonio Sandoval Rodríguez, por un monto de 6 millones de pesos, para realizar “servicios de jardinería a inmuebles de la Ciudad de México y Zona Metropolitana de la Secretaría de Gobernación. Por ello no se justifica la seguridad nacional”. Tampoco hay escrito que lo justifique.

Contrato SG7CPS/70/2017, asignado por la DGRMySG a la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer, representada por María Baños Reynaud y administrado por María Waded Simón Nacif.

El monto de este contrato fue por 11.3 millones de pesos para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin).

Señala Gobernación que “debido a que no se cuenta con el escrito de justificación, no se puede acreditar la exclusividad aludida en el artículo 41, fracción I, por anterior se requiere el escrito para poder observar”.

Contrato SG/CPS/02/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Riesco Operadora de Servicios, representada por Fausto Rodas Ruiz, y administrado por Carlos Gómez Pedraza, director general adjunto de Obras y Mantenimiento.

El monto fue por 21.9 millones de pesos para “mantener y conservar limpios y en condiciones óptimas de salubridad e higiene los bienes muebles, equipos de oficina, bienes inmuebles, espacios abiertos y vialidades que ocupa la Segob”. No hay escrito que lo justifique.

Contrato SG/CPS/03/2016, asignado por 27.3 millones de pesos por la DGRMySG a la empresa Casa Álvarez Gourmet, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, y administrado por Sergio Humberto Gerardo López, director general adjunto de Operaciones y Servicios.

Este servicio consiste en “preparar, procesar y proporcionar alimentos, desayunos, comidas, box lunch y cofee break para empleados de la Segob, así como a usuarios externos autorizados”. En los informes protegidos se afirma que “la contratación no está justificada, por lo que debió licitarse”.

Contrato SG/CPS/05/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Agel Ingeniería, representada por Guillermo Licea Reyes, y administrado por Sergio Humberto Gerardo López.

El contrato por 21.3 millones de pesos fue para “mantener instalaciones y equipos de aire acondicionado […] de los inmuebles de la Segob”. No se cuenta con escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/06/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Ke Fibertec, representada por Eric Federico de Jesús Hernández Desentis, y administrado por Carlos Gómez Pedraza, director general adjunto de Obras y Servicios.

El monto es de 4.5 millones de pesos para proporcionar el servicio de “mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de plafón frío de la Segob. No se considera justificado que se contratara conforme a la fracción IV, ya que debió licitarse”. Tampoco hay escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/07/2016, otorgado por la DGRMySG a la empresa Viajes Premier, representada por Junior Roberto Hernández, y administrado por Adriana Sarabia Orduña, coordinadora administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El monto por 8 millones de pesos fue para el servicio integral denominado Foros de debate nacional sobre el uso de la mariguana, por lo que “no se estima justificada la aplicación de la fracción IV, pues debió licitarse”. Tampoco hay escrito de justificación.

Contrato SG/CPS/101/2016, signado por el entonces oficial mayor Jorge Márquez, y entregado sin licitar a la empresa Wood´s Muebles para Oficina, representada por Sergio Cervantes Chávez, y administrado por Carlos Gómez Pedraza.

El gasto ascendió a 23.6 millones de pesos para la compra de “mobiliario de oficina para la Segob”. El dictamen confidencial de la misma secretaría considera “injustificado y (que) debió licitarse”.

1. Termo Control de Aire Acondicionado, representada por Jorge Yúdico Romo. Monto asignado: 15 millones de pesos.

Empresa sonorense que nace en 1990 para dar respuesta a las necesidades de control ambiental del espacio laboral o social. Provee soporte técnico especializado en la proyección, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de refrigeración, ventilación, aire acondicionado y calefacción. TermoControl es miembro de la American Society of Heating, Refrigeration Air Conditioning Engineers.

http://www.termocontrol.com.mx/

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


2. Ingeniería en Elevadores, representada por José Ramón Vázquez Flores. Monto: 3.3 millones

Empresa de mantenimiento, modernización y reparación de todas las marcas de elevadores, además suministra y monta equipos nuevos. Cuenta con respaldo de fabricantes internacionales para el suministro de montacargas de capacidades de 50 a 5000 kg; elevadores residenciales, para corporativos, centros comerciales y personas con capacidades diferentes; escaleras eléctricas.

http://www.iesa-mexico.com/index.php

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


3. Jet Van Car Rental, representada Cuauhtémoc Velázquez García. Monto: 6.6 millones.

Empresa de renta de camionetas de carga y con el respaldado de más de 16 mil vehículos. Ofrece renta de vehículos por 1 día, 1 semana, 1 mes o a largo plazo.

https://jetvancarga.com.mx

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


4. Woods Muebles para Oficina, representada por Sergio Cervantes Chávez. Monto: 23.6 millones.

Constituida en 1987, ofrece muebles y sillas con garantías de calidad y personalización. Cuenta con cuatro plantas de fabricación y cinco salas de exhibición.

http://woodsweb.mx/index.php

Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


5. Edificaciones y Desarrollos Arquitectónicos, representada por C Juan Martínez Aparicio. Monto: 17 millones.

Constituida el 2 de septiembre de 2003 (escritura pública que contiene el acta constitutiva 144,386 otorgada ante la fe del notario público 18 del Distrito Federal, Alejandro González Polo, e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio 307714).

“Seguridad nacional”, la coartada perfecta



Presidencia de Peña Nieto usó la seguridad nacional para desviar recursos


Tomado de Contralínea
ZÓSIMO CAMACHO
27 de septiembre de 2019

En estas páginas se está publicando una relevante investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto los contratos, por cientos, que en nombre de la “seguridad nacional” mantenía ocultos la última administración priísta.

El trabajo periodístico demuestra que la mayoría de los contratos clasificados como “reservados” o “confidenciales”, para supuestamente no afectar la seguridad del Estado mexicano, en realidad nada tenían que ver con la protección de información estratégica. Como lo está informando Contralínea, se trata de adquisición de bienes y servicios de jardinería, albañilería, alimentos, ropa de trabajo, artículos de baño, telefonía… y un largo etcétera. Tales documentos, de los que este medio posee copia, advierten de un modus operandi entre servidores públicos y empresarios para evadir la ley: celebrar contratos sin licitaciones de por medio, a costos superiores a los del mercado y con la garantía de impunidad que les otorgaba el manto de la “seguridad nacional”.

Tal modus operandi permitió firmar contratos por miles de millones de pesos sólo en la Secretaría de Gobernación, encabezada casi todo el sexenio pasado por Miguel Ángel Osorio Chong, hoy coordinador de la bancada de PRI en el Senado de la República. Pero la práctica estaba generalizada en las demás instituciones del Estado mexicano que podían invocar la “seguridad nacional” en sus adquisiciones: la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy con el nombre de Centro Nacional de Inteligencia), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En las siguientes entregas se seguirá dando cuenta de los funcionarios involucrados, los empresarios favorecidos, los montos de dinero involucrados y los bienes y servicios adquiridos. Al descubierto, al detalle, el mal uso de concepto de la seguridad nacional para hacer negocios al amparo del poder.

Pero la “seguridad nacional” también fue usada ilegalmente para otros fines que no buscaban la protección de la nación. Igualmente grave, fue el uso, por parte del priísmo y el panismo, de los organismos de inteligencia para intentar preservarse, a toda costa, en el poder.

Contralínea publicó en pleno sexenio foxista una Hoja metodológica para la elaboración de agendas de riesgo. El documento daba cuenta de que el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano se proponía “tutelar” las “reformas estructurales” (energética, educativa y laboral, principalmente). Es decir, se utilizarían los recursos del Cisen no para proteger a la nación sino para imponer proyectos del gobierno en turno. ¿Y quienes se oponían, por lo tanto, se podían considerar enemigos del Estado mexicano?

Posteriormente, a finales del sexenio de Felipe Calderón, Contralínea publicó una investigación en la que se revelaba el contenido de la “confidencial” Agenda Nacional de Riesgos. Entre la información revelada destacaba un hecho: la oposición de izquierda era considerada un “riesgo” o un “antagonismo” a la seguridad nacional. Incluso señalaba claramente a movimientos sociales como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, por sólo mencionar a tres. Lo mismo pasaba con las versiones posteriores de la Agenda, ya en el sexenio de Peña Nieto, publicadas por este medio de comunicación.

Es decir, la “seguridad nacional” no era tal. Era la seguridad del grupo en el gobierno. Y asumía como enemigos del Estado a los mexicanos que pensaban distinto, en específico a la izquierda. El sector empresarial, la jerarquía eclesiástica, los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera eran considerados. Todo el esfuerzo se enfocaba en detener a la izquierda y supuestamente combatir al narcotráfico. Estamos ante otro uso faccioso del concepto de seguridad nacional.

Y, como pudimos ver, la férrea oposición de los funcionarios a que se conociera la Agenda Nacional de Riesgos no radicaba en que se revelaría información que vulneraría la seguridad nacional. Lo que en verdad les importaba es que quedaría al descubierto la utilización de los órganos de inteligencia del Estado para perseguir a la oposición, a defensores de derechos humanos, a activistas que se manifestaban contra la destrucción del medio ambiente, a líderes indígenas y a periodistas. Y, por el contrario, se utilizaban estos organismos para apuntalar negocios mineros, tolerar a los grandes evasores de impuestos y proteger megaproyectos.

La “seguridad nacional”, desde la fundación de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad en 1947 y hasta nuestros días, no ha existido en México. Han surgido y desaparecido varios organismos que en el mejor de los casos cuidaban intereses del gobierno en turno. En el peor, los de grupos enquistados en las estructuras del poder.

Por conocerse, el proyecto de seguridad nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá?

Zósimo Camacho

La Palapa de Leslie Restaurante en Guaymas



  








Ferreteria El Coca









Decore Guaymas






Taller mecanico Mike